El XI Encuentro por la Tierra y los Territorios reveló los avances y desafíos en el acceso a la tierra en Bolivia. Una experiencia de aprendizaje y reflexión sobre cómo las autonomías indígenas y las reformas agrarias pueden inspirar soluciones sostenibles en la región.

 

Entre humaredas y protestas por graves incendios forestales en el Amazonas boliviano, se desarrolló del 14 al 19 de octubre el XI Encuentro por la Tierra y los Territorios organizado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) en Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Macharetí. Junto con otros representantes del resto de Sudamérica fuimos invitadas, para conocer las disputas sobre tierras y territorios en Bolivia, participar de actividades y foros para compartir experiencias de nuestros países y estrategias para la sostenibilidad. Todo en el marco del lanzamiento del Noveno Informe Anual sobre acceso a la tierra y territorios del IPDRS, esta vez sobre estadísticas socioeconómicas rurales, en el cual participamos con un capítulo sobre Chile.

Estos encuentros nos permitieron conocer los avances en Bolivia sobre el acceso a la tierra y territorios, sobre todo las maneras en que se han hecho efectivas las autonomías indígenas y campesinas gracias a la promulgación de la Constitución Política Plurinacional y la normativa vigente en materia de tierras.

A diferencia de Chile, Bolivia ha avanzado enormemente en asegurar el derecho al acceso a la tierra, siendo pionero en realizar Reformas Agrarias bajo el lema “la tierra es para quien la trabaja” en Sudamérica. El proceso iniciado alrededor de los años 50, fueron avances legales gracias la presión de la revuelta popular llevada adelante por campesinos y mineros agotados de la esclavitud y la injusta servidumbre. Los objetivos de eliminar latifundios, y dotar de tierras a campesinos e indígenas que no las tuvieran o fueron usurpadas, no se cumplieron a cabalidad, es más, dicha reforma incluso benefició a grandes propietarios (Fernández Bamba, E. 2003). Con la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se buscó subsanar las falencias y falta de transparencia, permitiendo el saneamiento de tierras para campesinos e indígenas. Posteriormente con la Plurinacionalidad surge una nueva normativa agraria constitucional que guía los procesos pendientes y da esperanzas a todos los sectores de reconocer y asegurar la propiedad individual, comunitaria o colectiva de la tierra.

Si bien estos avances han sido significativos, existen desafíos sobre la implementación. Como en todo Sudamérica, las amenazas al ambiente inciden en el ejercicio de estos derechos sobre los territorios. El tráfico de tierras para fines agroindustriales, los incendios forestales intencionales para la expansión de la agroindustria y los proyectos energéticos a gran escala, como en el chaco boliviano y Amazonía por explotación de hidrocarburos dificultan el acceso efectivo y sostenible a la tierra, mermando con ello la calidad de vida de sus habitantes. 

Existe conocimiento de que los incendios son intencionados por quienes buscan expandir la agroindustria mediante quemas descontroladas, esto ha dañado gravemente la biodiversidad, generando mortandad de fauna y flora nativa e impacta en la seguridad y la vida de comunidades, principalmente rurales. El director de Fundación Tierra afirma al medio Revista Nómada, que conforme los reportes a fines de septiembre de este año se había quemado un 10% de Bolivia, un total de 10.125.400 hectáreas de bosque, un récord para el país, advirtiendo que los incendios forestales registrados son el  “mayor desastre y catástrofe medioambiental jamás visto”. Durante los días que se desarrolló el Encuentro en octubre, ya se cumplían casi dos meses de incesantes focos de incendios, las cifras más actualizadas pueden indicar extraoficialmente que se trataría de 12 millones de hectáreas.

El caso de los incendios provocados es un patrón que se repite a lo largo de la Región, en Brasil, Perú, Paraguay y Bolivia se encuentran fuertemente asociados a los monocultivos de soya, palma y expansión ganadera. En el caso de Chile se ha asociado a futuros proyectos inmobiliarios, según el Informe a las Naciones elaborado por CR2 la mayoría suceden en monocultivos forestales de pino y eucalipto.

Conocimos la experiencia de autonomía indígena del pueblo Guaraní, de las comunidades de Isipotindi, Huacaya y Santa Rosa, en el ejercicio de los derechos autonómicos y territoriales que lograron ser reconocidos en la carta fundamental plurinacional. Expresaron orgullo por los avances de algunas comunidades en la implementación de sus estatutos autonómicos, otras señalan que la falta de acceso a agua, conectividad, los pasivos ambientales a consecuencia de años de explotación hidrocarburífera ha generado erosión y contaminación en la Tierra,  lo que dificulta la soberanía alimentaria. La posibilidad de gestionar sus recursos y sus territorios en base a las propias necesidades y prioridades de desarrollo, ha sido sumamente relevante para mantener sus tradiciones, ejercer sus derechos políticos, potenciar su economía local y así mejorar su calidad de vida.

Con ello, el aprendizaje que nos traemos  es que las reformas en materia de tierras han permitido sanar relaciones en las zonas rurales, especialmente entre campesinos e indígenas y saldar, en parte, deudas históricas de devolución de tierra a los pueblos originarios. Al tiempo que ha fortalecido a las comunidades para posicionarse políticamente, denunciar abusos y desarrollar formas para mejorar su calidad de vida en sus propios territorios. 

La experiencia de plurinacionalidad y de reformas agrarias en Bolivia es una experiencia interesante de revisar para analizar posibles vías de solución al problema de acceso a la tierra, de la pérdida de uso de suelo agrícola y, especialmente, para reparar las consecuencias de la ocupación de los territorios de pueblos originarios en nuestro país.

 

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Ninón Zalaquett.
Aboagada
ONG Defensoría Ambiental

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