Durante las últimas dos semanas del mes de octubre fuimos testigos de una  nueva COP de Biodiversidad. Esta vez en un país emblemático, como Colombia, que alberga el 10% de la biodiversidad total del planeta (territorio que a pesar de que sólo cubre en superficie el 0.8% del planeta, es el más biodiverso del mundo). El mayor de los desafíos para la comunidad internacional en este foro es la pérdida de biodiversidad, que en los últimos 50 años escaló hasta un 70%, grotesca suma para un mundo que busca alcanzar las metas propuestas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Concretamente, se buscó poner en marcha el acuerdo 30-30-30, suscrito en la COP 15, celebrada en 2022 en Montreal, Canadá.

Desde nuestro punto de vista, hay 3 importantes lecciones que no podemos perder de vista:

Lección 1: La paz en los territorios es fundamental para la protección de la biodiversidad. Si entendemos cómo el peso de la violencia sobre las personas defensoras de la tierra, la naturaleza y los derechos humanos, impacta directamente en la capacidad de proteger la biodiversidad, comprenderemos que la creciente cifra de homicidios a activistas es una alarma que debemos escuchar y abordar. Como mencionamos en otras oportunidades, el Informe Global Witness señala una preocupante suma de asesinatos perpetrados hacia personas defensoras, de los cuales la mayoría ocurren en Latinoamérica. Colombia, Brasil, Honduras y México son los territorios con indicadores más elevados en la región. 

El hecho indiscutible de que nuestro continente sea el más peligroso para defender la naturaleza, ergo, la biodiversidad, nos señala el punto de partida y el argumento central para implementar de forma  urgente y efectiva las disposiciones del Acuerdo de Escazú. En el contexto actual, la destrucción de la biodiversidad se ve facilitada por la dificultad que reporta la defensa de los territorios.

Lección 2: Las estrategias y metas de financiamiento son sumamente importantes, pero si sólo sirven para solventar un modelo de transición energética argumentado desde el norte global y pensando en mantener la lógica de la extracción de recursos del sur global para los recursos (hidrógeno verde, cobre, litio), definitivamente no será justa. En 2022 se prometió un fondo de 20 mil millones de dólares que fluirían desde los países industrializados hacia el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM). El cumplimiento de aquello a 2024 es de tan sólo un 1%. Vale aclarar que de la recaudación lograda, al menos el 24% se utiliza en procesos administrativos y burocráticos que no llegan al propósito final de la conservación. Este año, se comprometieron aportes por 163 millones de dólares al Fondo Mundial para la Biodiversidad, desde los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, y Quebec. Son estos y otros gobiernos los que de forma paralela invierten su capital en industrias extractivas en Chile y el mundo. 

Lección 3:  La constante en los foros multilaterales es la de finalizar con compromisos, fotos y firma de documentos que a posteriori no tienen un seguimiento adecuado, por lo que no se cumplen, o se cumplen en proporciones ínfimas. Para implementar acuerdos con eficiencia, se debe en primer lugar determinar liderazgos claros y responsabilidades asociadas. Queremos dejar de ver acuerdos declarativos que se diluyen en palabras, y que no disminuyen ni detienen las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, situación que se ha repetido durante las últimas décadas. Otra práctica muy criticada y que aporta a la incapacidad de los acuerdos, es la presencia de lobbistas en cada COP, que aportan a la construcción de consensos vacíos, o que no conllevan a cambios significativos y se ajustan a las comodidades de las grandes industrias contaminantes. 

 

Chile no presentó el Plan de Acción y Estrategia Nacional para la Biodiversidad 

La celebración de una COP siempre será una instancia esperanzadora para los Estados, y para los distintos sectores de la sociedad, sobre todo para quienes trabajamos a diario por un mundo más sano, en términos ecosistémicos. Esto no quiere decir que seamos ingenuos ante la utilidad de estas instancias y los acuerdos que allí se generan, sino más bien que hemos aprendido a detectar prácticas que no sólo no aportan a las metas propuestas, sino que son contradictorias para los propósitos por los que nos reunimos.

Chile apuesta siempre por estas instancias en conformidad con la identidad que ha construido a lo largo de su historia, convirtiéndose en un país tratadista, que genera acuerdos y se guía por pactos firmados y ratificados de la forma más leguleya posible. 

El diálogo y la diplomacia han sido de las herramientas más recurrentes para avanzar hacia sus objetivos sin arriesgar sus intereses, evitando el conflicto y ostentando cierta reputación de responsabilidad y seriedad para con sus pares. Entonces, ¿qué ocurrió con la diplomacia turquesa?, uno de los lemas de campaña de G. Boric, que incluso hoy descansa en un documento denominado “Política Exterior Turquesa”, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Chile no presentó su Plan de Acción en Materia de biodiversidad (NBSAP) completo, tarea que se le asignó a los Estados para esta edición de la COP celebrada en Cali. Este documento de trabajo debía estar listo para la presente edición, con las estrategias y acciones elaboradas por el país, dirigidas a cumplir con las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal. El Ministerio de Medio Ambiente se excusó diciendo que no era un compromiso excluyente, sino más bien una de las dos posibles rutas para que los Estados actualizarán sus metas para la COP. Otra vía era incluir las Metas Nacionales alineadas al nuevo Marco Global de Biodiversidad, alternativa a la que recurrió Chile por no contar con el cuerpo regulatorio que permitiera construir su NBSAP. 

Esta explicación no sólo no es satisfactoria, si no que da muestras de  la tendencia a comprometer realidades complejas y urgentes por no contar con habilitaciones de tipo burocrático, lo que nos lleva también a pensar sobre las capacidades del Estado en general, y en particular, del Ministerio del Medio Ambiente. Pensemos en la no tan recientemente promulgación de la Ley SBAP (septiembre 2023) y en cómo a más de un año de esa fecha aún sigue sin poder implementarse en su totalidad por no disponer de los instrumentos legales necesarios (reglamentos).

Lo que sí presentó Chile en la COP 16 fue un “Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad en Chile”, insumo redactado con la participación de 14 empresas que representan los principales sectores económicos del país. Este material, que cuenta con financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente, no tuvo inconvenientes para llegar listo a tiempo. Otra muestra de que los recursos están sesgados a la representación del sector que más poder ostenta en nuestro país: las empresas. Chile no hizo la tarea. 

No logramos comprender cuáles son las prioridades del Estado ahora, que no atiende como primordial la situación de la biodiversidad en nuestro país, que se encuentra amenazada por múltiples factores ligados directamente al modelo económico imperante y en un contexto en el que no sólo hay fauna en peligro crítico de extinción, sino personas luchando por mantenerse con vida, con la sangre y el cuerpo contaminados, habitando zonas destinadas al sacrificio ambiental.

Vale preguntarnos si el gobierno que apuntaló su campaña electoral con el medio ambiente como uno de sus ejes,  está dando el ancho en estos asuntos. 

Mientras tanto, y siendo insistentes con la exigencia de profesionalizar y agilizar la labor del Ministerio de Medio Ambiente en materias clave (básicamente, en aquellas cosas a las que está comprometido con plazos y de las que depende la supervivencia de nuestra biodiversidad, ecosistemas, e incluso el respeto a los Derechos Humanos), destacamos que en un escenario complejo por las posturas negacionistas o pro extractivistas de algunos vecinos de la región, debemos mirar con atención los pactos que proponen modelos de transición como la iniciativa de firmar un Tratado Global sobre contaminación por plásticos, del que nuestro país participa activamente junto a Colombia y Perú, o la interesante iniciativa de Colombia de acogerse a un acuerdo postpetrolero con los Estados de la cuenca amazónica.

 

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Florencia D. Vega.
Analista en políticas y asuntos internacionales
ONG Defensoría Ambiental

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