• El escrito busca que dicho organismo deje sin efecto la calificación ambiental favorable al proyecto y la sustituya por otra que, haciéndose cargo de las observaciones ciudadanas, lo rechace.
• Este megaproyecto inmobiliario volvió a sonar por estos días, tras las recientes declaraciones de la ex seremi de desarrollo social quien acusó presiones al interior del gobierno para votar a favor de la aprobación del proyecto.

 

Este megaproyecto inmobiliario se pretende emplazar en el corazón de Santiago, en el sector sur poniente de la comuna de Ñuñoa, específicamente en las antiguas instalaciones del Consorcio Periodístico S.A. (COPESA).

El proyecto consiste en la construcción y operación de un megaproyecto inmobiliario, que consta de locales comerciales, restaurantes, gimnasio, oficinas, preuniversitario, cines, consulta médica, vivienda y apart hotel, en una torre de 30 pisos y 7 subterráneos. Se proyectan además 2.504 estacionamientos, todo lo anterior en un total de 210.500 m2 construidos.

La zona se caracteriza por una arquitectura a escala humana, con amplios espacios públicos, áreas verdes y por mantener una antigua tradición barrial. Por lo mismo, este proyecto inmobiliario amenaza con impactar radical e irreversiblemente el espacio y la calidad de vida de los vecinos, quienes desde la Coordinadora No al Mall Vivo se han organizado y movilizado para detener la irrupción destructiva de las inmobiliarias en sus barrios. En este conflicto socioambiental, como Defensoría Ambiental, acompañamos y representamos específicamente a la Junta de Vecinos Villa La Portada de Ñuñoa, parte de la Coordinadora No al Mall Vivo, quienes participaron con sus Observaciones Ciudadanas en el Proceso de Evaluación Ambiental del megaproyecto.

En este escenario, presentamos hoy una reclamación ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en contra de la tercera versión de la autorización ambiental del megaproyecto que, aun siendo más exigente que la anterior, es insuficiente para garantizar el ejercicio de la democracia y la justicia ambiental. Además, se impugna por vicios relacionados al fraccionamiento ilegal del megaproyecto y a la necesidad de ingresarlo a evaluación ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental ya que, de ejecutarse, producirá impactos significativos en el ambiente y calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Este caso es particular porque, además de los aspectos técnico-jurídicos señalados anteriormente, refleja un problema poco relevado en los conflictos socioambientales, que tiene que ver con los estragos que ha causado la industria inmobiliaria en los espacios urbanos. Así, la protección del medio ambiente no se refiere sólo a la preservación de los espacios naturales, sino que también implica mantener condiciones de habitabilidad dignas y justas en las ciudades, mediante la toma de decisiones que integren procesos de participación efectivos.

El derecho al hábitat es una de las grandes discusiones del futuro, ya que la resiliencia planetaria depende hoy del modo en que la humanidad habite los diferentes espacios y, en este sentido, el debate sobre la escala y consecuencias de los proyectos inmobiliarios es fundamental. Sin embargo, el espacio que la institucionalidad ambiental deja a la participación ciudadana es acotado y con poco poder de decisión respecto de proyectos que afectan sus vidas y su entorno. Asimismo, existen fallas de diseño normativo que hacen de la resolución final sobre proyectos específicos un asunto político, que perpetúa y reproduce las injusticias del sistema.

Un ejemplo de ello son las declaraciones de la Ex Seremi de Desarrollo Social, quien el fin de semana pasado señaló recibir presiones de las autoridades superiores para aprobar proyectos, entre ellos el Centro Comercial Mall Vivo Santiago, a pesar de sus reparos técnicos. Es importante avanzar hacia un sistema de evaluación ambiental que se rija por altos estándares técnico-ambientales y por los principios preventivo y precautorio, mientras que la decisión política debe estar orientada a definir, en el origen, el modelo de desarrollo que queremos como sociedad.