Abandono estatal, contaminación y medidas que no se cumplen

A 6 décadas de la inauguración del Complejo Industrial Ventanas en las comunas de Quintero y Puchuncaví, esta zona de sacrificio se encuentra en un estado de contaminación difícilmente reversible. Luego de 3 años del estallido de este conflicto ambiental y a pesar de las medidas implementadas por el Estado, diariamente se evidencian las consecuencias de las industrias instaladas en la bahía. Un promedio de 4 varamientos de carbón a la semana y episodios de emergencia por contaminación atmosférica casi todos los días, demuestran una vez más los resultados de la insuficiente y permisiva normativa ambiental en Chile.

Medidas urgentes que avanzan a paso lento

En mayo pasado, se cumplieron 2 años desde que el máximo tribunal emitió el fallo contra el Estado por su responsabilidad en cuanto a la contaminación en Quintero – Puchuncaví tras los envenenamientos masivos del 2018. Específicamente se ordenaron 15 medidas inmediatas que abarcarían las áreas de salud, medio ambiente, gestión de riesgos, acceso a la información, población vulnerable, niños, niñas y adolescentes. Al día de hoy, gran parte de ellas solo han obtenido soluciones preliminares o simplemente no se han ejecutado.

Frente a un dictamen que no parece funcionar, la Defensoría Ambiental elaboró un documento con un listado de las acciones que no se han cumplido a la fecha, este fue entregado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con la intención de evidenciar los retrasos e incumplimientos de un fallo que exigía inmediatez y que incluso ha sido archivado en 3 ocasiones por la Corte de Apelaciones.

Una de las acciones más importantes y urgentes que aún se encuentra inconclusa, es la establecida en la letra a) del fallo, donde se señala que el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) debe efectuar “a la brevedad” los estudios correspondientes para definir el método más eficiente y adecuado que identifique los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes contaminantes de la zona.

A diferencia de esto, según la Fundación Terram, se ha trabajado en un catastro, pero no de forma exhaustiva, ya que el espectro de contaminantes es demasiado amplio. Existe un inventario de emisiones, pero sigue limitándose a estudiar el material particulado, el dióxido de azufre, el óxido nitroso, compuestos volátiles y algunos metales pesados, aún cuando hay estudios que evidencian la existencia de otros con mayor componente toxicológico como el isobutano, el nitrobenceno,el metilcloroformo y el tolueno.

Otra de las medidas importantes con incumplimientos es la letra f), la cual establece que se iniciarán, nuevamente “a la brevedad”, los procedimientos que permitirán reformar los niveles de exigencia aplicables a los distintos elementos, gases y/o compuestos contaminantes, las normas de emisión y las normas de calidad ambiental.

Sobre esto, el MMA no había cumplido con los plazos establecidos para revisar las normativas ambientales nacionales aplicables a las actividades industriales de Quintero – Puchuncaví, como la norma de emisión de termoeléctricas (DS. 13/2011) o la norma de emisión de fundiciones de cobre (DS28/2013), además de la necesidad de dictar una norma de arsénico respirable. Esto comenzó a tramitarse solo después de que se presentara un recurso de protección en contra del organismo por su inacción.

En palabras de Hernán Ramírez, “Es evidente que las autoridades no han tenido la voluntad ni el coraje para resguardar a la población, dejando en el mayor desamparo a sus habitantes y ecosistemas, lo que se ha transformado en un emblema de injusticia ambiental.”

¿Quiénes son los responsables?

En 2019, se publicó en el Diario Oficial el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Este escrito determina cuáles son las 3 industrias que emiten contaminantes en mayor medida, y que además, deberían actuar de manera inmediata. Se trata de Aes Gener, Enap y Codelco, que según los estudios realizados para la elaboración de los criterios del plan, representan el 76% de las emisiones de material particulado, el 99% de las emisiones de SO2 (Dióxido de Azufre) y el 31% de las emisiones de NOx (Óxidos de Nitrógeno).

El documento exigió a estas empresas la reducción de sus emisiones en un plazo de 3 años, con acciones específicas para cada empresa. En primer lugar, para Codelco División Ventanas se fijó una reducción de 91% en relación a Material Particulado (MP10 y MP2,5) y de un 35% para SO2. En el caso de la termoeléctrica Ventanas de Aes Gener—una de las 4 de esta empresa instaladas en el complejo— se espera la disminución de un 75% en material particulado, un 40% en SO2 y un 20% en NOx. Finalmente, a la Refinería Aconcagua se solicitó una reducción de 75% en material particulado, 48% en SO2 y un 20% en NOx.

A partir de estas exigencias, el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica pretendía bajar 700 toneladas anuales las emisiones de material particulado en las 3 comunas, además de reducir 1.640 toneladas de SO2 al año.

A pesar de la implementación de esta medida, algunas de las organizaciones medio ambientales pendientes del conflicto acusaron permisividad en esta medida, ya que consideraron insuficientes las restricciones y sanciones para las empresas. Por esta razón, en 2020 la agrupación de Mujeres en Zonas de Sacrificio solicitó al Tribunal Ambiental que anulara el plan. Esto ocurrió además, porque en abril del mismo año se registraron varios peak de SO2, situación que obligó a decretar alerta ambiental en las tres comunas, cuando el plan ya llevaba un año en vigencia.

Para ese entonces, esta agrupación pidió, a través de una medida cautelar, la paralización inmediata de Codelco Ventanas, Aes Gener y Enap. Medida que no se llevó a cabo, ya que Osvaldo Solis, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó su rechazo, indicando que se estaría eliminando la única protección contra emisiones en la zona.

Como resultado del plan, a marzo de 2021 se redujeron en un 84% los episodios de concentración horaria de SO2, por las restricciones que se ejecutaron. Aunque esta cifra sigue siendo riesgosa para la población, además este no es el único contaminante en el aire, es por ello que en febrero se anunció el rediseño y modernización de la red de monitoreo, lo que permitirá contemplar las emisiones de otros compuestos, como el Tolueno, Benceno, Ácido Sulfhídrico, entre otros volátiles.

Es importante considerar, que aunque preliminarmente se han identificado a estas 3 empresas como las que producen más contaminación, no son las únicas que componen el Complejo Industrial Ventanas, causando daño al medio ambiente de la zona y su comunidad. Son cerca de 14 empresas las que mantienen instalaciones en el lugar, algunas otras de renombre son Enel, Copec, Oxiquim, Gasmar y Puerto Ventanas.

Consecuencias: niños en peligro y contaminación

En imágenes del reportaje de Informe Especial titulado “Quintero: el plan que no funcionó” una gran cantidad de personas se aglomera a las afueras del único hospital de la comuna. “Yo sé que soy ignorante, pero tonta no soy” dice con recelo una de las ciudadanas que espera en el sector de urgencias del Hospital Adriana Cousiño, que no tardó en colapsar.

La mañana del 21 de agosto de 2018, comenzó con desmayos y malestar en algunos alumnos del Liceo Politécnico de Quintero. Minutos después ocurrió lo mismo en el colegio Santa Filomena, en el Don Orione y el Alonso de Quintero.

Así fue  como explotó -nacional y mediáticamente- el conflicto. En 2018 se registraron 1.770 personas intoxicadas por la mala calidad del aire a causa de la contaminación atmosférica proveniente del Complejo Industrial Ventanas. Las imágenes de niños siendo atendidos en el suelo y trasladados en ambulancia se viralizaron en redes sociales con gran rapidez y los lugareños no tardaron en manifestarse. Sin embargo, esta no sería la primera vez ni la última.

Según los datos recopilados en el informe “Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero – Puchuncaví” de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) para la Defensoría de la Niñez; antes de la crisis de agosto se habían presentado otros episodios de este tipo. Entre 2008 a junio de 2018 hubo 10 situaciones de intoxicaciones en establecimientos educacionales y/o suspensión de clases por la mala calidad del aire, además esto se repitió el 21 y 22 de agosto y el 4 y el 24 de septiembre de ese mismo año. Casos que, dejando de ser aislados, evidencian lo peligrosamente cerca que están los niños y adolescentes de las principales fuentes de contaminación.

Contextualizando, el hospital de Quintero está ubicado aproximadamente a 11,5 km del Complejo Industrial Ventanas, aledaños a él se encuentran los colegios El Faro, Santa Filomena, Don Orione, el Colegio Inglés, la Escuela República de Francia, el Liceo Politécnico de Quintero y la Escuela Valle de Narau. En Puchuncaví la situación es muy similar.

 

Si bien, posterior a la crisis de 2018 el Estado implementó las ya mencionadas medidas para combatir las altas emisiones que mantienen a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví como zonas saturadas por MP2,5 y MP10, durante los últimos 3 años se ha demostrado que no son suficientes, ya que, entre 2019 a mayo de 2021 se registraron 645 episodios críticos de contaminación, distribuidos en alertas, preemergencias, emergencias y activaciones del Protocolo de Gestión de Episodios Críticos (GEC).

Fue el año 2020 el más afectado, con 310 episodios críticos de contaminación dejó sólo 25 días del año sin gestión de emergencias, aún cuando se encuentra vigente desde 2019 el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica.

A esto se suman los constantes varamientos de carbón que aquejan a la bahía, interfiriendo con el comercio local y la flora y fauna de la zona. Según los datos solicitados por la Fundación Terram a la Armada de Chile, para su Minuta de Varamientos de Carbón en Ventanas, desde que estalló el conflicto en 2018 hasta 2020 hubo 451 varamientos en las costas de Quintero – Puchuncaví, mientras que la información solicitada por la Defensoría Ambiental al mismo organismo, indica que a mayo de 2021 se han registrado 53 varamientos.

En abril de este año, durante la etapa de estudio de los recursos de protección presentados ante la Corte Suprema de Valparaíso por los varamientos de carbón, el “Estudio de identificación y distribución de las partículas de carbón en los sedimentos marinos de la bahía de Quintero-sector Ventanas” realizado por la Universidad Andrés Bello, entregó antecedentes que determinarían a los eventuales responsables de este material contaminante en las playas. Las conclusiones de este mencionan que el carbón en el mar está más concentrado entre el Muelle Ventanas y los ductos de Aes Gener, además evidencia que los valores máximos de presencia de partículas de carbón mineral se concentran en un radio de 500 metros alrededor de las tuberías de descarga de la ya mencionada empresa.

Esta no sería la primera vez que Aes Gener es responsable de este tipo de desechos, ya que en 2018 tras una investigación por varamientos ocurridos entre 2012 y 2013, la Armada de Chile emitió un dictamen que acusó a las termoeléctricas de Aes Gener en Puchuncaví por la contaminación de las aguas de Quintero y varamientos en la bahía de Ventanas. Al día de hoy, estas faenas siguen operando.

A raíz de casos como este, que se repiten en otras zonas de sacrificio del país, el gobierno apostó por un Plan de Descarbonización, que se dió a conocer en 2019 como un acuerdo del Ministerio de Energía con las empresas Aes Gener, Colbún, Enel y Engie, y que además, pretende descarbonizar la matriz energética por completo para el 2040. En su primera etapa establece que a 2024 concluirán las operaciones en las 8 termoeléctricas más antiguas del país, ubicadas en las comunas de Iquique, Tocopilla, Puchuncaví y Coronel, esto reduciría en un 50% las plantas a carbón para el 2025.

A 2 años del anuncio de esta medida, se han sumado otras 3 unidades a las 8 calendarizadas para cerrarse al 2024, posicionando a la empresa Enel como la primera generadora en abandonar completamente el carbón. Si bien, algunos de los compromisos de cierre calendarizados se han adelantado, la Fundación Terram y otras organizaciones medio ambientales reclaman que el plan pudo ser mucho más ambicioso, ya que la descontaminación es urgente y por ende, los plazos deberían ser más cortos. Y aunque actualmente se tramita en el Congreso el proyecto de Ley que propone terminar con las termoeléctricas a carbón al 2025, según la edición latinoamericana del “Atlas del Carbón: hechos y cifras de un combustible fósil”, no hay certeza de cuántos años o décadas tardarán en revertirse los altos niveles de contaminación en el aire, suelos y aguas de estas denominadas zonas de sacrificio.