El verano de 2024 será recordado por los incendios forestales que azotaron la región de Valparaíso, dejando daños cuya magnitud no habíamos visto con anterioridad. Lamentablemente, esto no nos sorprende: el verano de 2023 las cifras de incendios y la magnitud de los daños provocados en las regiones del Maule y Araucanía tampoco tenían precedentes. Lo mismo el 2017, por lo que el futuro augura la necesidad urgente de prevenir. En efecto, Chile posee 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático, todos ellos relacionados con alteraciones en los ecosistemas, la escasez hídrica, la pérdida de biodiversidad o la intensidad de la industria. En otras palabras, Chile tiene el deber urgente de abordar preventivamente la ocurrencia de incendios.
Tras los incendios de 2023, se presentó un proyecto de ley que, recogiendo iniciativas anteriores que buscaron legislar sobre la actividad forestal, el uso de suelo y el bosque nativo, regula la prevención de incendios forestales y rurales (boletín 16.335-14). Las críticas han venido desde distintos sectores: en el caso de la Mesa Plurinacional contra Incendios señalan que la propuesta no logra efectividad en el enfoque preventivo, al no incorporar una perspectiva ecológica que valore la biodiversidad y favorezca procesos de restauración a escala de paisajes, que involucren a las comunidades; por su parte, si bien el proyecto fue despachado a segundo trámite constitucional tras ordenarse su discusión inmediata por el ejecutivo, las disposiciones relativas a la responsabilidad de los propietarios de los predios fueron rechazadas.
El trasfondo de la discusión no es novedoso: se trata de los límites que la ley puede establecer a la propiedad privada, lo cual incluye los deberes que los dueños de predios tienen en la prevención y restauración. Constitucionalmente, es lo que conocemos como función social de la propiedad y está definida en el artículo 19 N° 24 de la actual Constitución. La discusión es extremadamente relevante, dada la situación en los últimos años y la amenaza que representa el cambio climático, volviendo urgente alcanzar efectividad en medidas de prevención de incendios y restauración de paisajes, pues de la salud de los bosques depende la suerte que corramos en el futuro. En este sentido, el desincentivo a los cambios de uso de suelo está muy ligado a la recuperación de bosques siniestrados.
Considerando que la mayor cantidad de hectáreas afectadas se da en las regiones donde existen plantaciones forestales; que existen antecedentes de expansión urbana en terrenos que fueron afectados por incendios forestales; y que dentro de los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques se encuentra precisamente la prevención de incendios, el abandono del enfoque basado en la priorización de la propiedad privada y el salto hacia uno que promueva efectivamente el bien común, es trascendental.
Una de las principales características de los bosques es su diversidad biológica, que responde al equilibrio ecosistémico que supone ser el hábitat de un gran número de especies vegetales, animales, insectos y hongos, cuyas interacciones aumentan la humedad en el ambiente y descomponen la materia orgánica, previendo la erosión de los suelos y convirtiéndose en sumideros de carbono efectivos. Cuando estos suelos se transforman en monocultivos o son cubiertos de cemento, los servicios ecosistémicos que supone el equilibrio ecológico se pierden.
Por ello, la consideración de un enfoque ecosistémico y el reconocimiento de los beneficios colectivos que trae la protección y restauración del bosque nativo deben ser el eje de cualquier medida legislativa que se lleve a cabo, tanto mediante medidas preventivas (disposición de cortafuegos, creación de zonas de amortiguación, entre otras), como restaurativas (tales como prohibición del cambio de uso de suelos e incentivos a la recuperación del bosque nativo).
Si bien las actividades forestales e inmobiliarias son lícitas, en el caso de realizarse en desmedro de los bosques, los beneficios son solo particulares y se logran disminuyendo la capacidad de resiliencia para la población en general. En este sentido, la discusión sobre los usos de suelo bajo un enfoque netamente productivista debe ser superado: el valor del bosque es inmenso, no solo para los dueños del suelo en el que crecen sino, y sobre todo, para el bien común.
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Alejandra Donoso Cáceres
Abogada Universidad de Chile, Máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho Universidad de Alcalá, Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica © Universidad Austral. Directora ejecutiva de ONG Defensoría Ambiental.