Por  Florencia D. Vega, analista en políticas y asuntos internacionales ONG Defensoría Ambiental 

Transcurridas pocas horas desde que la más reciente edición de la COP llegara a su fin y analizando a  la distancia los primeros acuerdos que los países participantes han adoptado, desde la primera edición en Berlín (1995) hasta esta versión, nos alarma el balance que podemos realizar entre los altisonantes discursos y ambiciosas propuestas que se suscitan en cada Conferencia de Partes (COP), y las preocupantes cifras que superamos año a año, como el aumento de la temperatura y las emisiones de CO2 a nivel mundial.

No obstante lo anterior, debemos reconocer que ha sido en el marco de las COP (algunas de ellas, no todas) en donde se han firmado los acuerdos climáticos vinculantes más importantes del último siglo, tales como el Protocolo de Kyoto (COP-3, 1997), la creación del Fondo Verde para el Clima (COP-16, 2010), y la que ha generado mayor compromiso recientemente, en 2015, donde se firmó el famoso Acuerdo de Paris (COP-21). Es desde entonces que el futuro de la humanidad comenzó a verse notoriamente desesperanzador y se llegó a sostener la idea firme de que ya no tenemos tiempo, y que al ritmo actual del calentamiento global, no tendremos continuidad como especie. 

Fueron 200 los países que se dieron cita este año en Egipto, y entre las principales novedades de esta edición está la creación de un Fondo de Respuesta a los desastres climáticos, orientado a financiar la mitigación de los efectos económicos y no económicos de la emergencia climática en los países en vías de desarrollo. 

Aunque, por otra parte, llegar a un acuerdo en términos energéticos no ha sido sencillo, y es que comprometerse con la desfosilización como medida para detener el cambio climático, aparentemente no figura entre las prioridades de los gigantes de la contaminación mundial, o entre aquellos Estados cuya principal fuente de ingresos viene precisamente de la exportación de petróleo, por lo que la falta de interés en ello ha hecho que aún luego de varios proyectos tentativos, algunos mandatarios manifestaran su intención de retirarse de las negociaciones antes de haber presentado la declaración final del encuentro. A simple vista, las tensiones entre países y bloques no han hecho más que empeorar la búsqueda de consensos. 

En este ambiente convulso, si bien el rol de Chile como negociador en el encuentro internacional no fue central, nos debemos una reflexión profunda a propósito de la instancia, considerando que como país, lideramos las emisiones de CO2 per cápita en Latinoamérica. 

En concreto, la agenda de Chile para la COP-27 estuvo marcada por 3 tópicos prioritarios para el país: eficiencia del gasto climático, finanzas verdes, e inversiones para acelerar la transición energética. Todo ello en el marco de un plan que implica aspiraciones como lograr la totalidad del transporte público eléctrico hacia 2050 y el cierre definitivo de las centrales termoeléctricas en territorio chileno para 2040, y en términos más amplios, energía generada a partir de fuentes renovables, sin indicaciones precisas al respecto. 

Desde Defensoría Ambiental interpelamos la idea de transición energética justa, que no tiene un norte claro hacia la adopción de energías renovables y limpias, y que se inclina hacia una descarbonización que pone entre sus alternativas más asibles la explotación del gas, litio y producción de hidrógeno verde de forma no sostenible. En este sentido, los cambios que supone esta transición, si bien, suenan atractivos en la forma, en el fondo, no cuestionan el modelo extractivista, el cual continúa generando nuevas zonas de sacrificio, una realidad que históricamente ha arrasado con ecosistemas y comunidades en Chile.

Una transición energética no sólo es necesaria sino que urgente, para detener el brutal daño que el modelo extractivo está causando en el planeta y para asegurarnos una fuente de provisión de energía que pueda sostenerse en el tiempo. Este proceso debe comprometerse con un abandono del uso de  combustibles fósiles en todas sus formas para que podamos catalogarlo como ecológico. Por ello es importante además señalar que  ante la simpatía que ha generado el concepto de transición energética justa, la pregunta que debemos hacernos es ¿quiénes se beneficiarán de esta transición energética?,  para luego cuestionarnos si de verdad es justa. 

No son pocas las comunidades en situación de vulnerabilidad que peligran ante una transición con estos matices, las que no están siendo consultadas sobre sus necesidades ni incluidas en las conversaciones, y a las que tampoco se les proporciona herramientas para un modelo económico de autosuficiencia sustentable. Con una transición energética de estas características, no sólo se asegura el beneficio de los grandes responsables de la contaminación en Chile (diversificando las fuentes de ingreso),  sino que además se predispone un escenario en el que los desplazamientos forzados y los efectos negativos en los medios de subsistencia, así como el daño al patrimonio material e inmaterial, seguirán siendo la tónica.

En lugar de acotar las estrategias hacia una transición energética, lo que sostenemos es la necesidad de caminar hacia una transición ecológica justa, que incluya el uso de combustibles, pero que además ponga el acceso al agua y su uso en el centro del análisis, que incluya a las comunidades en la planificación y en la toma de decisiones, y también, que se plantee desde un enfoque de género, lo que acercará este cambio más a la idea de justicia que la transición energética pregona y requiere. Nada de ello se logrará sin contar con una alternativa al modelo de producción actual, que ponga la innovación y las soluciones tecnológicas al servicio de la generación de energías de bajo impacto ambiental y rentables, una diada que es posible, y por lo demás, necesaria de alcanzar. 

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¹ Datos Macro. Emisiones de CO2 2021. En: https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2