Por Alejandra Donoso, Directora Ejecutiva ONG Defensoría Ambiental y docente de Clínica Jurídica de Justicia Ambiental UDP
Uno de los principales cambios de la propuesta de Constitución que debemos votar el 4 de septiembre, respecto de la que nos rige actualmente, es su carácter ecológico. En efecto, haciéndose cargo de la crisis climática y ecológica en que nos encontramos, la propuesta de Constitución consagra una serie de derechos, basados en el reconocimiento de la interrelación entre los seres humanos y la naturaleza, de la cual formamos parte.
Desde un punto de vista ontológico, bajo el sistema político-económico consagrado en la Constitución del 80, el ser humano se ha percibido separado de la naturaleza; y a ésta, como un lugar desde el cual extraer gratuitamente recursos naturales para su beneficio. En la dinámica norte-sur, eso nos ha condenado a la aspiración permanente al desarrollo, pues nos sitúa en la base extractiva de la economía global. En consecuencia, nuestra relación con la naturaleza ha estado mediada por los recursos naturales que podemos extraer de ella para incorporarnos a la economía global, sin atender los límites necesarios para el cuidado y regeneración de las funciones ecosistémicas, dando como resultado territorios depredados y derechos humanos vulnerados, en los márgenes de la ruralidad y la periferia.
Cuando la nueva Constitución declara en su artículo primero que Chile es un Estado ecológico, que reconoce como valor intrínseco e irrenunciable la relación indisoluble de los seres humanos con la naturaleza; o en su artículo octavo que “las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable”, y que “el Estado reconoce y promueve el Buen Vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad”; lo que está haciendo en realidad, es establecer las bases para un nuevo trato entre personas y entre éstas con la naturaleza, que nos permita habitar y hacernos cargo de la debacle ambiental en que nos encontramos y enfrentarla de manera sostenible.
Todo esto es mucho más que solo palabras. El papel que juega la Constitución en el ordenamiento jurídico nacional y en la vida de las personas, estará atravesado por el reconocimiento de esta relación y por el derecho y deber que tenemos de participar a través del cuidado de la naturaleza, pasando de una dinámica depredadora a una armónica y colaborativa. El Capítulo II sobre Derechos Fundamentales y Garantías está poblado de ejemplos que dan concreción a este nuevo trato. Me permito compartir uno que me parece extremadamente relevante por su aplicación cotidiana en la vida de todas las personas: el derecho a la ciudad y al territorio. Este derecho no se encuentra reconocido en la Constitución de 1980, y no es extraño pues ese texto no tiene la sensibilidad del que ahora se propone.
El artículo 52 reconoce que este es un derecho colectivo, orientado al bien común, y que se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. Orienta los derechos a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna, siendo deber del Estado velar por el ordenamiento, planificación y gestión de los territorios bajo estas consideraciones. Es un derecho que nos corresponde a todos y todas, pues no podemos vivir de manera digna y sana sin un territorio que nos lo permita. Hoy, en Chile existen numerosos ejemplos donde este derecho es vulnerado, por diversos factores.
El que la nueva Constitución reconozca que para vivir necesitamos un territorio orientado al buen vivir, y que es deber del Estado velar porque ello se cumpla, sienta las bases para que el día de mañana, aprobado el texto propuesto, podamos exigirlo y ejercerlo, permitiéndonos participar en el diseño y gestión de los lugares que habitamos, de los cuales formamos parte y en los cuales desarrollamos nuestra vida en todas sus dimensiones, abarcando las condiciones que sean necesarias para que vivir sea un regalo y no una penuria, donde la dignidad sea posible y se vuelva una costumbre.
Apruebo.