09 Jul Columna de Opinión | Un pronunciamiento para el Planeta: Cómo el Sistema Interamericano enfrenta la Crisis Climática
La Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un avance crucial en la consolidación del vínculo entre derechos humanos y ambiente. En ella, la Corte reconoce con claridad la existencia de una emergencia climática global, subrayando su gravedad y la amenaza directa que implica para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Este pronunciamiento no sólo reafirma la jurisprudencia previa y el argumento de la Opinión Consultiva 23/17, sino que además la amplía, al demarcar con mayor claridad cómo la degradación ambiental vulnera derechos humanos ampliamente reconocidos y socialmente consolidados, como el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación y a la vivienda. Además, refuerza los derechos procedimentales de acceso a la justicia, a la información y a la participación pública en asuntos ambientales.
En un paso histórico, la Corte reconoce explícitamente el derecho a un clima sano y los derechos de la naturaleza, integrando una visión más respetuosa y armónica con el entorno natural. Asimismo, destaca la importancia de proteger tanto a las generaciones presentes como futuras, el rol esencial de los pueblos indígenas y sus saberes ancestrales, y la labor vital de las personas defensoras del medio ambiente. Del mismo modo, reconoce que los derechos humanos ambientales poseen una dimensión tanto individual como colectiva, y que la protección de ambos es indispensable para garantizar una vida digna.
La Corte reitera, a lo largo de su razonamiento, la obligación reforzada de protección hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, quienes, paradójicamente, son los que menos han contribuido a la emergencia climática, pero son los que enfrentan las consecuencias más severas y cuentan con menos recursos para adaptarse o resistirla.
Esta Opinión Consultiva se convierte así en un nuevo instrumento jurídico de gran relevancia para la litigación ambiental en la región, y particularmente en Chile. Al reconocer derechos y deberes que aún no están plenamente incorporados en el ordenamiento jurídico chileno, esta opinión se transforma en una herramienta poderosa para personas y comunidades afectadas por conflictos socioambientales, a lo largo del territorio nacional.
Este pronunciamiento no es solo un llamado de atención a los Estados, sino una herramienta jurídica transformadora para todas las personas y organizaciones que enfrentan el avance del cambio climático y la degradación ambiental. No representa un cierre, sino el inicio de un nuevo camino. La Corte ha dado voz a quienes históricamente no han sido escuchados; ahora, alcanzar una verdadera justicia climática dependerá de nuestra capacidad colectiva como humanidad para convertir ese llamado en voluntad y acciones concretas.
Accede a la resolución completa de la Opinión Consultiva 32/25 aquí: https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/1084981967
Benjamín Cornejo Cousiño
Lic. en Ciencias Jurídicas y Sociales
ONG Defensoría Ambiental
